La Justicia argentina odia a los "Villar Cataldo"

A finales de agosto del 2016 el doctor Lino Villar Cataldo sacaba su coche y tres delincuentes, después de agredirlo y amenazarlo de muerte con un arma, intentan robarle en vehículo. Tras de recomponerse del golpe en la cara y de que el inepto conductor le pisara la pierna (o dos, dependiendo de las versiones) Villar abre fuego, con su arma legal, para defenderse y defender su propiedad matando a uno de sus agresores... Y ahí comenzó el infierno que iba a terminar recién tres años más tarde cuando un jurado de pares lo encontrara, para desagracia de la fiscalía y desarmistas, "no culpable" de los cargos que se lo acusaban.

El infierno que tuvo que sufrir se debió a que en la Argentina, desde hace décadas, el Estado y en especial la Justicia, no quiere que la gente ejerza su derecho a la legítima defensa. Vemos a diario en los medios y en las declaraciones políticas que la doctrina abolicionista de Zaffaroni está bien arraigada en el pensamiento de nuestra clase dirigencial y en los formadores de opinión. Se cuestiona la tenencia legal de armas de fuego, se estigmatiza a quienes eligen defender sus vidas o defender lo suyo como sucedió en el caso de Baby Etchecopar, se ponen trabas a quienes quieren estar dentro de la ley (por ejemplo doctrina desarmista RAD-Gambaro) y se tergiversan conceptos claves y claros de la ley como sucede, sin ir más lejos en Radio Mitre, en el programa Lanata sin Filtro, el columnista de policiales una y otra vez elige utilizar la frase "justicia por mano propia" cuando corresponde la de "legítima defensa" aún después de haber escuchado a abogados y jueces entrevistados que se lo aclaraban (también vale la salvedad que el periodista le dio aire a Gambaro unos días antes de su salida al frente del ANMAC para ver si podía lavarse la imagen ensuciando a un perito de Gendarmería que actuó en el caso Maldonado) Es decir, todo podría ser metido dentro de una misma bolsa: el desarme civil.

"Fueron tres años de un sufrimiento impresionante. Tengo totalmente claro que mi vida no volverá a ser como antes, a pesar de que se hizo justicia. Lo único que hice fue defenderme. No hice otra cosa que defenderme para salvar mi vida. Como resultado hay una persona que murió y a mí, que soy médico y que en mi vida no hice otra cosa más que salvar a otros, me dolió mucho lo que pasó". Dijo Lino Villar Cataldo después del juicio que llevó alivio a una sociedad honesta preocupada que seguía en vilo el tramo de este juicio inventado para castigar a quienes se defienden.

Para entender la magnitud del triunfo legal que se obtuvo debemos ver que el médico se tuvo que enfrentar a dos fuerzas, y sobrellevar, emocional y económicamente, dos juicios diferentes. Por un lado, la fiscal, Noemí Carreira, a cargo del juicio, había pedido que el médico fuera condenado por "exceso en legítima defensa", invento grande si los hay, y que todavía se mantiene en el país (vaya a saber uno por qué) cuando en el resto del mundo se dejó de lado en los 80s debido a que absolutamente nadie puede establecer un límite durante los hechos, ni siquiera una persona extremadamente entrenada y experimentada. A ésta mujer que desde un principio ya lo había juzgado en sus declaraciones públicas, se le suman los abogados de la querella que habían solicitado una pena más alta, al considerarlo culpable de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Asi que, en un mismo lado estaban Estado y los criminales y del otro el individuo que se habia defendido con un arma legal de una agresión ilegitima. Encima de todo esto, hay que tener en cuenta que fue un juicio en el que se juzgó el hecho de sangre separadamente ya que por otro lado se hizo el juicio por el robo...

Si, la Justicia abolicionista argentina había desdoblado el juicio en dos partes, una era el robo y otra el "homicidio", en una indignante animalada judicial que debe ser revisada inmediatamente. Se separaron los hechos como si la cosa hubiese ocurrido en momentos seprados y sin relación entre sí. Dicho en otras palabras: la Justicia de escritorio argentina, la abolicionista y desarmista, quiso castigar evidentemente al médico por haberse osado a defender su vida y su propiedad. Buscó todas las formas posibles para castigar la Legítima Defensa con el silencio cómplice de los actores judiciales y medios de comunicación que no alzaron sus voces más allá de una tibia opinión pasajera o algún valiente perdido en los paneles televisivo a quien se tildó de loco o facho.

Eso sí, el sistema zaffaroniano abolicionista recibió una cachetada por parte de un jurado formado por personas comunes que llevó un poco de aire fresco a la sucia justicia que impera en nuestro país. Como dijo Villar cataldo "La gente trabajadora comprende a un inocente".

Pero el Desarmismo en Argentina sigue vivo a pesar de todo esto y las palabras del médico parecieran que pueden terminar siendo obsoletas: "Voy a seguir teniendo mi arma porque la tenencia está permitida por la Constitución. Para eso tengo el certificado de legítimo usuario que demuestra que no cometí ningún delito y que me gano la vida de manera legal".

Si bien sus palabras son ciertas, si todo sigue como está y los funcionarios responsables y políticos autodenominados republicanos no toman carta en el asunto, en pocos meses el Estado igualará a criminales y a legítimos usuarios.

Debe alertarse sobre el peligro que encierra el Artículo 190 del Anteproyecto de la Reforma del Codigo Penal para las libertades constitucionales y los pilares que hacen a una Democracia Republicana ya que la reforma del vigente artículo 189 bis tiene como objetivo criminalizar al legítimo usuario de armas de fuego que tuviera su credencial vencida.

"5. El que tuviere un arma de fuego sin la debida autorización legal o excediendo la que tuviere, será penado:"
"6.El que portare un arma de fuego sin la debida autorización legal o excediendo la que tuviere, será penado:"

Siendo que el tenedor legal de armas fuera autorizado por el Gobierno después de cumplir con un sinnúmero de requisitos legales, técnicos y económicos, y en muchos caso fueron empujados fuera del sistema durante la gestión Gambaro, es preocupante que un tema administrativo, el cual el ANMAC tiene todos los medios para forzar al infractor a regularizar su condición, pase a ser considerado éste automáticamente como una amenaza social y conlleve una severa pena como cualquier criminal.

Pareciera ser que para una parte de los "conocedores de la justicia", los políticos promedio y sus asesores chavistas, los Legítimos Usuarios somos casi delincuentes por tener armas legales y un vencimiento de un plazo arbitrario de la tenencia de un arma declarada transforma a la persona en un criminal. ¿Si la misma ya poseía un fin lícito declarado (coleccionismo, deportivo, defensa, etc) y su tenedor no posee antecedentes, que hecho mágico de la noche a la mañana, hace que todo eso desaparezca?

Ahora bien, se entiende que como había sido autorizado por el Estado para la tenencia del material, al vencer la credencial, lo que debe ser es adecuarse a la norma de naturaleza puramente administrativa y no penal como lo establece la ley de armas y en todo caso es el ANMAC quien debe aplicar la sanción administrativa correspondiente al infractor si lo hubiese y no la justicia. Hay que recalcar que con el Código Penal vigente establece que se trata de una infracción de naturaleza administrativa no penal. Por el contrario, con el nuevo proyecto de Código Penal al decir " sin la debida autorización legal o excediendo la que tuviere " claramente busca criminalizar a quien tenga vencida su credencial CLU. Lo cual es desde un punto de vista de estricta política criminal práctica, un absurdo y un despropósito.

Incluso dejando de lado el atropello a las garantías y libertades constitucionales que envuelve el espíritu de este nuevo artículo, nos encontramos con un problema de magnitudes que exceden las agendas ideológicas. Se estima que hay más de 350 mil legítimos usuarios con sus credenciales vencidas desde que se instauró el monopolio de los exámenes psicofísicos a cargo de Dienst Consulting SA durante la administración Gambaro en el ExRenar. Dicha licitación denunciada por Legítimos usuarios y legisladores oficialistas, entorpeció el registro de armas legales debido a sus altos costos económicos y falta de lugares de atención entre otras cuestiones más profundas. ¿Qué sucedería si en virtud del nuevo artículo, se iniciara una causa penal a cada uno de los tenedores legales de armas y se termina condenando a personas sin antecedentes penales a una pena de prisión, aunque no fuera de cumplimiento efectivo, por una mera falta administrativa que el mismo gobierno forzó en su momento? Lógicamente con la debida logística de los allanamientos, secuestros de las armas y decomiso. ¿Cómo sería tomado por población tal situación? Si tomamos en cuenta que hay entre 85.000 y 90.000 presos por delitos y crímenes (si se incluyen los que están en comisarías) y los legitimos usuarios con CLU vencida alcanzan la cifra de 385.000 (aproximadamente según datos expuestos en el Congreso) ¿qué produciría socialmente y prácticamente el procesamiento de tanta gente por una cuestión meramente administrativa? Como mínimo y para empezar colapsaría el sistema penal en la Argentina.

Está bien claro que lo que se busca con el nuevo Artículo 190 es que las personas dentro de la ley que no renueven su Credencial de Legitimo Usuario, sea cual fuere el motivo (vejez, falta de medios económicos, enfermedad, desempleo, etc) se vean obligados a entregar las armas al plan de desarme, darles esa opción bajo apercibimiento de iniciarles causas penales y dejándolos a merced de quienes no respetan la Constitución. Es más, llegado el caso, en el inciso 14 de dicho artículo se establece que un usuario ilegal de armas, quien tiene en su poder armas con fines ilícitos, está en la misma condición que quien está dentro de la ley aún con una falta administrativa. Locura zaffaroniana total que hace rastrear los orígines de dicha reforma al mismo corazón del cuestionado actual Ministerio de Justicia.

Más aún y lo que es peor, el nuevo Artículo 190 en su inciso 14, en un espíritu abolicionista, brinda las herramientas necesarias a los delincuentes y criminales para evadir legalmente la pena por sus actos con fines ilícitos al decir:

"14. Quedará eximido de la pena correspondiente a la tenencia el que en forma fehaciente pusiere voluntariamente a disposición de la autoridad administrativa o judicial las armas de fuego en cuestión, a fin de su incautación, inutilización o destrucción."

Mientras quien tuviera armas de manera ilícita puede evitar las penas detalladas en el articulo si entrega sus armas voluntariamente, el legítimo usuario es castigado de todas formas ya que:

"Si el portador de las armas a las cuales se refieren los incisos 1º y 2º del apartado 6, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del máximo.

La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse si, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos.

En los supuestos de los dos párrafos precedentes, se impondrá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a prisión."

Es decir, el Artículo 190 del nuevo Código Penal, morigerará las penas a quienes tengan armas con fines ilícitos y castigará de manera categórica a quienes incurran en una falta meramente administrativa reduciendo los actos a la mera tenencia o no de un objeto inanimado.

A no ser que nuestros dirigentes estén de acuerdo con esa parte de la Justicia que no quiere que haya más Legitima Defensa y que deseen proteger criminales, es imperativo que se revea y reformule el artículo 190 el cual está teñido de ideología abolicionista, atenta contra la Constitución Nacional y criminaliza a quienes estando dentro de la ley incurren en la falta administrativa. ¿O será que a los responsables de la Justicia Argentina no le gustan los ciudadanos honestos puedan tener armas legales como permite nuestra Constitución?