Presentación efectuada por el Foro por una Argentina sin Armas ilegales en la reunión conjunta de las comisiones de seguridad y justicia del Senado

Senadores

Agradecemos la invitación a exponer nuestra opinión con relación a los proyectos a tratar. Para quienes nos escuchan por primera vez, el FORO es una mesa de reunión que nuclea a las Instituciones conformadas por ciudadanos que poseen armas legalmente registradas mas importantes del país.

En esta exposición no abundaremos en detalles técnicos o jurídicos pues entendemos que es el momento de expresar con absoluta claridad los aspectos filosóficos de fondo que enmarcan el proyecto de ley (S-0441/10).

En primer término cabe destacar que absolutamente nada de lo que contiene el mencionado proyecto contribuirá en lo más mínimo a reducir los niveles de inseguridad que hoy vivimos, ya que quienes cometen esos delitos no son Legítimos Usuarios de armas, sino lisa y llanamente, delincuentes.

Es más, es probable que de aprobarse el proyecto de ley tal como está planteado, los niveles de inseguridad aumenten notablemente.

Como es de público conocimiento, nuestra posición con relación a cualquier tipo de prohibición expresa o solapada de la legal tenencia de un arma es un camino que solo beneficiará a quienes no cumplen con la ley. Establecer criterios de restrictividad leoninos, que dificulten mantener a un ciudadano en la legalidad, solo servirá para aumentar la informalidad y potenciar la ilegalidad, haciendo del mercado negro el único espacio donde se consiga un arma.

Restringiendo al extremo la legal tenencia de armas los únicos beneficiados son aquellos a los cuáles no les interesa, ni les importa cumplir con la ley. Aumentar requisitos y exigencias al ciudadano que desea cumplir con la ley en nada ayudará al actual estado de situación. Todo lo contrario, la empeorará.

Un claro ejemplo es que en el año 1993 se registraron a nivel nacional 2.100.000 armas de fuego. Actualmente la cifra oficial es de 1.200.000. Si tenemos en cuenta que se han destruido 100.000 a través de las diferentes campañas de entrega voluntaria, podemos comprobar que hay cerca de 800.000 armas que se han perdido en un vacío jurídico. Estas armas no han desaparecido, siguen existiendo. Lo que sucede es que ante el aumento constante, de 1994 en adelante, de requisitos para mantener la condición de ciudadano legalmente inscripto ante el RENAR, las personas han dejado de cumplir con los trámites cada vez mas exigentes y difíciles de cumplimentar para registrar legalmente sus armas.

Cabe preguntarnos entonces, si el Poder Legislativo, realmente está interesado en conocer quiénes son lo que tienen armas en la Argentina; ya que este proyecto parecería tender a lo contrario.

Si observamos que las armas que se encuentran registradas no están involucradas en delitos, la lógica nos lleva a pensar que cuantas más armas se logre registrar, muchas menos de ellas estarán involucradas en delitos. En definitiva, lo que planteamos es que el sistema no debería tender a expulsar, sino a atraer Legítimos Usuarios; a fin de conocer el destino de la mayor cantidad de armas posible.

Si bien la autora del proyecto ha sido permeable a algunas de las consideraciones que le hemos hecho a sus iniciativas, el proyecto (S-0441/10) sigue manteniendo el criterio de limitación extrema. Y en este punto quisiéramos detenernos un momento.

Cuando se plantea que se debe desalentar el armamentismo creciente en nuestra población con leyes más estrictas, podemos afirmar categóricamente que esta es una afirmación que no se condice con la realidad. Al menos en el mercado legal.

La venta de armas en nuestro país no es una actividad en crecimiento, ni siquiera se mantiene. Todo lo contrario, la venta decrece y la cantidad de armas total se encuentra estable más allá de los números que señalábamos anteriormente. Afortunadamente en nuestro país, quienes tienen armas legalmente inscriptas, son personas que desean cumplir con la ley y que nada tienen que ver con la violencia instalada por delincuentes que no reparan ni siquiera en una mujer embarazada.

No nos engañemos: mayores restricciones para los ciudadanos que quieran registrar voluntariamente un arma ante el Estado, jamás resolverá los problemas de inseguridad, de accidentes con armas sin registrar o los hechos de violencia interpersonal.

Desde el Foro compartimos el Plan de Entrega Voluntaria de Armas, no así el incentivo monetario que se otorga. Pero no compartimos el diagnóstico. En Mendoza, precursora de este tipo de canje, al año siguiente de su implementación los casos de homicidios simples o múltiples aumentaron de 127 en 2001 a 158 en 2002, y el propio Ministerio de Justicia local concluyó que los violentos están dispuestos a valerse de nuevas herramientas para robar, concluir una riña, ajustar cuentas pendientes, finalizar una relación pasional o dar por terminado un conflicto familiar, los cuales fueron los principales motivos de asesinatos durante el año pasado. En este sentido, Gabriel Conte, uno de los fundadores de la Red Argentina para el Desarme sostuvo ?que se agarran a palazos o a cuchilladas, por poner algunos ejemplos?. DIARIO UNO 27 de enero de 2003.

El año pasado se destruyeron más de 100000 armas por el Plan de Entrega Voluntaria. ¿Alguien podría decir que la inseguridad se redujo? ¿Es este un proyecto de ley contra la inseguridad? Estamos seguros que no.

En el año 2004 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos presentó un informe en el que estudió 253 artículos científicos sobre la materia, 99 libros, 43 informes oficiales de diferentes gobiernos, además de diversas investigaciones de campo mostrando que en ningún caso en el que se aplicaron leyes extremas de control legal de la tenencia de armas de fuego haya disminuido el crimen violento, los suicidios o los accidentes interpersonales.

En este contexto hay que destacar la honestidad intelectual de uno de los fundadores de las políticas desarmistas, el reconocido criminólogo Gary Klerk quien consultado acerca de estas cuestiones por la misma Academia, señaló que a pesar de su profundo entusiasmo al comenzar a estudiar las políticas pro-desarme en 1976, treinta años después debía aceptar que la poca evidencia observada y los pobres resultados obtenidos, lo desanimaron a seguir sosteniendo que políticas desarmistas son efectivas para disminuir las tasas delictivas, los accidentes con armas de fuego y la violencia interpersonal.

En este contexto consideramos que una ley de armas razonable y equilibrada debe permitir que todos los ciudadanos que ya tienen un arma puedan registrarla sin mayores dilaciones. Esto no es promover el armamentismo, es lisa y llanamente, aceptar que hay armas fuera del control del Estado y que si un ciudadano desea registrarla para someterse al control de la autoridad competente, pueda hacerlo sin mayores inconvenientes. Esas armas ya existen, están en poder de una persona, lo mejor que podemos proponer como ciudadanos es que ese ciudadano sea capacitado y evaluado razonablemente para ser un poseedor responsable y confiable y esa arma, este bajo el control estatal. Sabemos muy bien que un delincuente jamás registrará un arma, pues bien, no le neguemos ese derecho a la legalidad a un ciudadano que ya tiene una, por la razón que sea.

Y muy por el contrario, el proyecto S-0441/10, suma tantos requisitos impracticables que llevarían la ley a una virtual prohibición, aunque la misma no se encuentre mencionada en el cuerpo del texto.

Finalmente queremos dejar cuatro de las objeciones filosóficas que a nuestro entender, el de los que saben y conocen del tema desde hace más de 150 años, no nos permiten apoyar el presente proyecto; aunque a decir verdad, nuestras objeciones técnicas podrían mencionarse en casi 170 de los 187 artículos del proyecto de ley.

Esos cuatro puntos son:

1. No nos parece prudente plantear que los delitos cometidos por ciudadanos legalmente inscriptos sean paradigmáticos de nuestro sector como se señala en la fundamentación del mismo. Somos cientos de miles los ciudadanos que en nuestro país tenemos un arma, sin embargo, la participación en hechos delictivos es casi inexistente, hasta para las estadísticas más duras.

2. En el artículo referido a que toda actividad con el material controlado requiere de una autorización previa a partir de la existencia de una necesidad de parte del ciudadano de poseer un arma, llevaría a toda la actividad a un extremo restrictivo. La interpretación de si se concede o no el derecho a tener un arma legalmente registrada no puede quedar librada al criterio restrictivo o extensivo de un funcionario, sino a una situación objetiva en cumplimiento de los recaudos legales establecidos por las normas aplicables. Y no estamos hablando de portación de armas en público, estamos hablando de tenencia de armas en ámbitos privados.

2.1 . La autorización previa por parte del organismo para cualquier acto podría llegar al extremo de condicionar la compra de cartuchos, de ir de caza o de hacer una práctica de tiro en un polígono habilitado. Podría darse el caso que nos permitieran tener el arma, pero posteriormente no poder hacer absolutamente nada con ella; lo cual se asemeja bastante a aquello de prohibir sin prohibir.

3. La solicitud de que todas las armas registradas cuenten con una prueba de impronta de estrías para poder ser registradas es impracticable. Además de no existir actualmente en nuestro país espacios físicos, tecnológicos y de personal idóneo para realizarlo, por el riesgo que implica, ningún ciudadano dejaría un arma de su propiedad en un organismo público para ser peritada. Además, ya que conocemos del tema, podemos comentar que, por ejemplo, las escopetas no dejan esa impronta que la Senadora Escudero pretende, en los cartuchos. Por lo tanto, ratificamos la impracticabilidad del planteo.

4. Finalmente los exámenes que se solicitan llegan al extremo de que el médico deba certificar, entre otros aspectos, la inexistencia de indicios de adicción, abuso o consumo de sustancias psicoactivas. Es claro que, difícilmente un médico de un hospital público (tal el requerimiento del proyecto), que no conoce al solicitante, llegue a certificar tales requisitos. Además por ejemplo, la Resolución CABA 1510/2008 exime a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a expedir certificados de aptitud psicofísica destinados a acreditar el estado de salud ante el Registro Nacional de Armas (RENAR), vinculados con el otorgamiento de las autorizaciones que dicho organismo emite. ¿Cómo se resuelve un caso de estas características, en Buenos Aires que si tiene hospitales públicos, pero no al servicio del RENAR o en aquellas localidades donde no los tiene?

Podemos observar que todas estas objeciones, como cada una de aquellas que no incluimos en esta presentación, solo tienen como objetivo y núcleo central del proyecto, imposibilitar la registración de un arma en nuestro país por parte de todos aquellos ciudadanos que quieran cumplir con la ley.

Sres Senadores Toda ley es perfectible, la actual ley de armas lo es. Pero de prosperar el proyecto (S-0441/10) sus efectos prácticos serían una desconfianza absoluta del sector que representamos. Esto produciría la no renovación sistemática de la mayoría de los ciudadanos inscriptos y sus armas. Así, el proyecto fracasaría por que no cumplir con ninguno de los objetivos que se plantea, con el consecuente perjuicio al estado de situación, dado que perderíamos control e información de las armas legales en nuestro país.

Es de destacar que nuestra legislación al respecto así como el sistema registral son tomados como ejemplo en la materia a nivel mundial hasta por la ONU, y adoptados por muchos países como propios. Brasil es un claro ejemplo de ello. Por lo tanto, destruir lo construido hasta el momento, en un tema en que somos referentes sería, más que ir contra la corriente, un verdadero suicidio en la materia.

Insistimos en que creer que algo de lo contenido en este proyecto de ley contribuirá a reducir la inseguridad, es sólo posible en el terreno de la fantasía. La realidad es completamente distinta.

Sinceramente esperamos que de avanzar el presente proyecto el mismo sea profundamente modificado para que pueda contener a todos los ciudadanos que queremos cumplir con la ley y no nos excluya. Entendemos y aceptamos los debidos controles. Queremos ajustarnos a derecho y no quedar en la marginalidad. Los delincuentes y los violentos jamás registrarán sus armas, por favor, que sus proyectos no nos fuercen a igualarnos a ellos.