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La visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Diputados para realizar un análisis de gestión del Gobierno de la Libertad Avanza hasta la fecha dejó datos contundentes acerca de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y su rol indispensable para el desarme civil que se viene llevando a cabo en el país. Las las políticas impulsadas por la ANMAC hasta la fecha ha incumplido con su rol registral al dificultar, impedir y desalentar el registro de armas y credenciales de manera completa. ANMaC, a septiembre de 2024, todavía carece de una comunicación clara, precisa y masiva que oriente y aliente a los LLUU con la CLU vencida a regularizar su situación.

El pasado domingo 28 de julio del 2024 se confirmó la situación institucional gravísima que vive Venezuela. El velo se ha corrido y la caída en el abismo se ha acelerado. Los disturbios en las calles y las protestas frente a un régimen opresor violento que no duda en dibujar los números de las elecciones tienen, por un lado, al pueblo, hambreado e indefenso y, por otro, alas fuerzas gubernamentales y a las fuerzas paraestatales denominadas colectivos bolivarianos ensañados en salvar el pellejo porque si cambia el gobierno, van presos. Esta aberración social y asesina pudo ser posible sólo gracias al desarme civil impuesto por Chávez a principio de la primera década del siglo XXI.

El plan de seguridad anunciado por el equipo de Massa promete una peligrosa aproximación “anticipatoria y preventiva” a la seguridad ciudadana. La propuesta se centra en cambios legislativos relacionados con la portación de armas de fuego y la regulación de municiones, así como la creación de un nuevo tipo penal para las balaceras. Si bien estas medidas tribuneras y llenas de humo buscan un impacto en la supuesta reducción de la violencia armada en general, parecen no abordar de manera efectiva el problema de fondo en los “femicidios” que han centrado las políticas del ANMAC. Los datos muestran que las armas de fuego no llegan al 25% de los mismos y, encima, que las armas en manos de los legítimos usuarios no son un problema.

Anda circulando un curioso mensaje por las redes, una suerte de consigna que busca introducir el concepto de "Legítimo Usuario Activo" (LLUA) en el ámbito de los portadores de armas. Pero, ¿qué es realmente este concepto? Se trata de una etiqueta que, a simple vista, podría pasar desapercibida, pero detrás de ella se esconde una peligrosa trampa que amenaza con debilitar los derechos y libertades de los tenedores legales de armas en Argentina. No podemos permitir que nos dividan y nos etiqueten para debilitar nuestra causa. Debemos permanecer unidos en la defensa de nuestros derechos, sin importar nuestra actividad específica.

Se vienen las elecciones 2023 y la tenencia de armas legales es un tema que despierta fuertes debates y posturas encontradas en nuestra sociedad, fogoneadas por intereses turbios que ven en el desarme una salida para lograr el poder, mantenerlo o, directamente, obtener fondos. Es fundamental comprender y defender la importancia de este derecho, que nos brinda no solo una herramienta de autodefensa, sino también la posibilidad de practicar actividades como la caza deportiva, el tiro recreativo y la conservación de la historia a través del coleccionismo, de manera responsable y segura. La tenencia de armas legales no es un peligro, sino una garantía de seguridad y una forma de ejercer nuestra libertad de manera responsable y consciente.

El viernes 5 de mayo se dio a conocer en un artículo publicado por Diputados Bonaerenses en su sitio web, titulado "Diputados FdT avanzan proyectos de desarme" que los desarmistas atornillados en el Estado volvieron a arremeter contra los derechos de los Legítimos Usuarios. Bajo la premisa rimbombante de la "Cultura del Desarme" el proyecto de ley promueve la creación de un "programa de promotores de la cultura del desarme" que se centre en la "articulación entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual para impulsar políticas orientadas a las problemáticas de género y diversidades, dirigidas a la prevención y reducción de la violencia con armas de fuego".

Se presentó el proyecto 0242-D-2023 para, en teoría, facilitar la tenencia de los sistema electrónicos de incapacitación. Uno pensaría que es algo bueno, pero no porque lo que presentaron es una animalada. El escueto proyecto 0242-D-2023 dice en el ARTICULO 1º- "Sustitúyase el apartado del inciso 3º del artículo 4º del Anexo I del Decreto N° 395/75, reglamentario de la Ley N° 20.429 - actualizado por Decreto Nº 1039/89 - por el siguiente texto: "... i) Dispositivos o sistemas electrónicas menos letales". Interesante si no fuera porque la actual ley en ese apartado de ARMAS, MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE USO PROHIBIDO dice "i) Armas electrónicas de efectos letales"... ¡Si! El proyecto agrega los sistemas electrónicos menos letales como ARMAS de USO PROHIBIDO.

Los Legítimos Usuarios saben el lugar que ocupan dentro del Estado, sus derechos y sus obligaciones. Minimizar los riesgos para la sociedad no significa poner obstáculos a la tenencia legal y uso de armas como se viene haciendo desde hace años con los resultados nefastos obtenidos hasta la fecha, sino que significa evitar la proliferación de armas ilegales ajustando los controles y políticas para quienes no registran sus armas y viven fuera de la ley. La arremetida desarmista cobra nuevo ímpetu con la presentación de un proyecto nuevo de DESARME CIVIL redactado con el aporte de la Red Argentina para el Desarme. Por eso es bueno recordar las siguientes 10 cuestiones.

Estos son los números de Elisha Dicken, el ciudadano armado que detuvo a un tirador en un centro comercial de Indiana salvando cientos de vidas. Pero esos números no salieron en los medios masivos. Ningún periodista de policiales de las grandes cadenas (locales e internacionales) informaron que un civil detuvo lo que hubiera sido una masacre. Algo que los desarmistas jamás van admitir pero muy a su pesar los sucedido en ese shopping de Indiana deja en evidencia que los dueños de armas respetuosos de la ley son tan importantes como la policía, y probablemente incluso más, en el esfuerzo por mantener a los inocentes sanos y salvos. Un portador legal de armas salvó cientos de vidas en sólo 15 segundos.

El proyecto de ley tiene como objeto establecer un mecanismo de prevención y protección de la víctima, para aquellos casos en los que el personal de alguna fuerza policial o de seguridad sea denunciado como presunto autor de un hecho de violencia de género y/o intrafamiliar. Pero el tercer artículo del proyecto establece que “Toda vez que el juez interviniente ordene alguna de las medidas preventivas deberá requerir a la ANMAC que informe si el presunto agresor cuenta con CLU vigente, autorización para tenencia y/o portación de arma de fuego o solicitud en trámite. En todos los casos deberá ordenar el secuestro de las armas que estuvieren en su posesión, la suspensión temporaria de autorizaciones en ANMAC y la prohibición temporaria de otorgamiento de nuevas licencias o autorizaciones.

La flamante directora de la ANMAC, Natasa Loizou firma la resolución 35/2022 en la cual se dispone “la integración de un módulo sobre perspectiva de género, como contenido obligatorio de evaluación en los exámenes destinados a los/las Legítimos/as Usuarios/as que soliciten su inscripción, reinscripción y/o cambio de categoría de Instructores/as de Tiro, el que podrá sufrir cambios y actualizaciones conforme la normativa vigente, complementados con otros contenidos en materia de género, que esta Agencia estime de interés.” Es decir, para la funcionaria encargada del ANMAC, los Instructores de Tiro, legitimos usuarios, personas SIN ANTECEDENTES PENALES, no saben como tratar a otras personas, en especial a las mujeres, y por eso necesitan un curso particular.

Con el pomposo y marketinero título “Evaluación de las aptitudes psicosociales y de género para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego y materiales especiales.” la diputada Ana Carla Carrizo (UCR) arremete nuevamente contra los legítimos usuarios varones en un afán de figurar como que hace algo contra la inseguridad y aprovechando quedar bien con Dios, con el Diablo y con cuanto se le cruce en el medio escudada en el feminismo. “El objeto de la presente ley es desalentar la presencia de armas en los ámbitos familiares y de pareja, extremando las condiciones para el otorgamiento de permisos y autorizaciones y fortaleciendo el rol del Estado en la evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas solicitantes con el objetivo específico de combatir las violencias por motivo de género”.

Alrededor de 10 horas duró el secuestro. Hubo decenas de disparos, decenas de móviles y personal desplegado. El resultado del operativo de Berni: tres policías heridos, el rehén muerto y el secuestrador abatido. Según publicaron varios medios que cubrían la noticia, el secuestrador se llamaba Alejandro Darío Maldonado, tenía 42 años y contaba con denuncias por lesiones y violencia de género. No tenía trabajo registrado en los últimos años. Unos dicen que había estado preso, otros lo descartaron y después lo volvieron a confirmar. Afirmaron que "era coleccionista de armas" y Berni declaró en consecuencia que "era un experto tirador" dejando entrever que practicaba tiro. La unión violencia-armas-legítimos usuario estaba cobrando forma.

Urristi se fue sin pena (nos abemos) ni gloria (evidentemente). Más allá de las razones de su “renuncia” – los nuevos amiguetes deberían quedarse tranquilos porque el pibe es un burócrata de carrera y ya debe estar prendido en alguna otra instancia del Estado para seguir alimentándose de los impuestos – el paso de Ramiro Urristi por la ANMAC fue más una serie de poses marketineras que de hechos concretos. Amontonó y retrasó trámites desviando los recursos escasos que tuvo en la pandemia a las campañas de desarme civil, prometió mucha tecnología que no llegó ni asomarse a los plazos rumoreados, tuvo que dar explicaciones que oscurecieron más de lo que aclararon e hizo uso extensivo de las prórrogas de vencimientos, todo con un uso muy activo de las redes sociales eso si.

La noticia es la típica: “Un adolescente de 15 años murió baleado por un vecino del barrio de La Loma, de la ciudad de La Plata, cuando, junto a un cómplice, intentaron ingresar a robar a una casa”. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, uno de los asaltantes, capturó al niño, mientras que la nena escapó. Luego, derribó a patadas la puerta de la casa donde se hallaba el padre de los menores, un peluquero de 42 años y el dueño del lugar, su amigo enfermero, con el que conversaba. Al ver a los delincuentes dentro del domicilio y después que ellos abrieran fuego, el peluquero extrajo un pistola calibre 6, 35 (o .25 ACP) repeliendo el ataque. En un giro inesperado de la Justicia argentina, quien se defendió se encontró con que la titular de la causa aplicó el Código Penal ignorando los cantos de sirenas zaffaronianos y caratuló el hecho como lo que es: Legítima Defensa.

El gobierno intenta reducir la circulación de armas de fuego y con ese fin lanzó, a través del Ministerio de Seguridad, el programa "Santa Fe libre de armas". Para ello se pagarán hasta 9 mil pesos por cada arma y serán destruidas en un acto público. Declaran que quien entregue armas recibirá una suma de dinero de parte del Estado que en medio de una segunda ola de pandemia elige destinar el dinero de camas, respiradores y sueldos médicos a comprar armas anónimamente que no son problema de nadie. El subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro sostuvo que "la meta es buscar esas armas que han quedado en el hogar y que eventualmente puedan caer en el circuito ilegal" desconociendo que los principales proveedores de los delincuentes son el mismo Estado.

Desde que se instauró el Plan Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en 2007 la Tasa de Delitos cada 100 mil habitantes, según el Sistema nacional de Información Criminal, dejó descender y lleva una constante, creciente levemente, de alrededor de 3200 casos anuales en promedio. Otro tanto sucede lo mismo con los homicidios dolosos. Existen más de 900 mil legítimos usuarios en Argentina, la mayoría empujados a la ilegalidad de no poder renovar sus credenciales por culpa de esas políticas desarmistas que se dedican a atacar a quienes no causan problemas. Si la tenencia legal de armas fuera tan mala como la venden los desarmistas, el país sería un matadero, pero los LLUU involucrados en un hecho delictivo son el 0,001%.