Armas: la realidad Argentina

La utilización de terminología inexacta y de preconceptos infundados por parte tanto de los medios de comunicación, en muchos casos por falta de conocimiento, y lo que es más grave por muchos representantes legislativos, conlleva que el uso de armas legales por parte de ciudadanos debidamente autorizados, se coloque en una misma ensaladera con los conceptos de inseguridad, delincuencia, justicia por mano propia, accidentes fatales y asesinos, generando así una mezcla muy fructífera para títulos de noticieros, tapas de revista sensacionalistas, o pretensiones legislativas que no podrían soportar un análisis serio y sensato, pero que funcionan para golpes mediáticos o para hacerse notar vaya a saber con que fines.

No obstante toda esta situación dista muy lejos de la realidad del tema y es idea de este trabajo poder clarificar la realidad del uso de armas en nuestro país hoy en día, y la relación de la legislación actual como así también una reflexión a las modificaciones y /o actualizaciones que podrían adecuar la ley aplicable a la necesidad real y desmitificar alguno erróneos conceptos, mantenidos en el tiempo, sin sentido alguno.

Armas y Legítimos Usuarios

Muchas veces se ha escuchado en gran cantidad de medios que los legítimos usuarios (denominación que se le da a la persona que posee la autorización para la tenencia de armas de fuego), están en contra de que se los regule y que pretenden la libertad total para la tenencia de armas. Nada más alejado de la realidad. El legitimo usuario es una persona que sistemáticamente acata la totalidad de la reglamentación que rige en la materia, y no solo en materia registral, sino y principalmente en relación a las normas de seguridad que se deben tener en cuenta al manejar un arma de fuego ya sea en su domicilio, en un polígono de tiro, en una excursión de caza, o en cualquier otra actividad relacionada con el manejo de armas y municiones.

Es importante tomar en cuenta que cuando las ONG que promulgan el desarme , intentan fundamentar dicha postura, en tema de seguridad no pueden , con hechos determinados y concretos, vincular por ejemplo los accidentes con armas con legítimos usuarios, esto es así porque NO LOS HAY. Cualquier persona que concurra a un polígono de tiro podrá apreciar las estrictas normas de seguridad que deben y así se hace respetar en la práctica de este deporte.

La imagen que pretenden mostrar estas ONG , las cuales tienen abundante y costoso espacio en muchos medios , siendo poco claro el origen de su financiamiento, de los legítimos usuarios como "bichos raros", ignoran no solo el alcance deportivo de la actividad del tiro, con un historial de grandes campeones a nivel internacional y medallistas olímpicos, sino la importancia de la practica de la caza para una gran cantidad de argentinos especialmente en el interior del país, siendo esta actividad fundamental no solo desde un punto de vista de la tradición nacional, sino desde un punto de análisis económico, debido al auge de los cotos de caza, los cuales colaboran sistemáticamente con el mejoramiento de las especies y la evolución de las mismas como así también del medio ambiente; siendo a su vez importantísima fuente de turismo, tanto nacional como internacional, sirviendo para el sustento de gran cantidad de pequeños poblados a lo largo de todo nuestro territorio.

Cualquier persona mayor de edad para poder acceder a la calidad de legítimo usuario de armas, debe llevar adelante una serie de trámites que demuestran y acreditan su idoneidad y capacidad para ejercer ese derecho. Dichos tramites incluyen: certificado de aptitud física, certificado de aptitud psicológica / psiquiátrica, certificado de idoneidad en manejo de armas (el cual es emitido por una entidad previamente autorizada por el RENAR), demostrar medio licito de vida, constatación de ausencia de antecedentes de índole penal (certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia). Toda esta situación es supervisada por el RENAR (Registro Nacional de Armas. Bme. Mitre 1465 Cdad. Auton. de Bs.As.), estando bajo su potestad el otorgamiento de las credenciales correspondientes las cuales deberán ser renovadas cada cinco años, complementando nuevamente todos los requisitos.

Legislación actual

La legislación actual en materia de armas, municiones y otros elementos controlados (explosivos, blindajes, etc.) se encuentra regida por la ley N° 20.429, la cual fue tomada como ejemplo internacional en la materia en virtud de su claridad de conceptos y aplicabilidad. Obviamente la evolución tecnológica en la materia como el cambio de situaciones tanto sociales, económicas y políticas, conlleva que la misma haya sido complementada por gran cantidad de decretos emitidos por el RENAR, llevando en la actualidad a la convivencia de la ley vigente con una madeja de decretos que deberían ser re estudiados y en caso de corresponder incorporarse a una nueva legislación y de no ser así dejados sin efectos a los fines de garantizar el marco jurídico adecuado que garantice el principio de legalidad que debe regir en todo estado de derecho, evitando caer los derechos de los usuarios en los manejos de algún funcionario de turno.

Una adecuada legislación , moderna y redactada con el aporte de las partes interesadas, que son quienes mejor conocen la actividad que desempeñan (usuarios, importadores, comerciantes, empresas de minería, polígonos de tiro, federaciones de tiro y caza, propietarios de cotos de caza, etc.), solo puede traer como consecuencia la redacción de una legislación que sea útil, sensata y aplicable, teniendo como consecuencia una mejor y mas fácil administración y control por parte del estado mediante el organismo correspondiente de las actividades relacionadas con los materiales controlados, y para los usuarios la garantía de la seguridad jurídica necesaria tanto para poder ejercer la actividad que tanto nos gusta, como para poder planificar actividades comerciales que requieran inversión, ya que estarían claras las reglas que se aplican a la actividad.

El Proyecto de Ley Perceval - Escudero

Las legisladoras Perceval y Escudero, presentaron un proyecto de ley, el cual al día de la fecha tiene aún estado parlamentario, esperemos que la sensatez de la mayoría de los Sres. Legisladores impida su aprobación. Entre los insostenibles argumentos plasmados por las legisladas encontramos los siguientes conceptos "...Las armas en los hogares pueden causar la muerte al ser utilizadas como elemento de juego entre niños, como instrumento de distinta forma de violencia (doméstica, en las escuelas, en los barrios, etc.) o como medio para la comisión de suicidios. Por lo tanto distintos estudios concluyen que el riesgo de muerte aumenta sustantivamente si hay armas de fuego en los hogares".

De más está decir que nunca se acompañan ni se mencionan los referidos estudios y por otro lado a párrafo siguiente, la misma fundamentación expresa: "...Si bien la acumulación de armas por sí sola no provoca los conflictos.". Mas allá de entender como claramente subjetiva y carecer el primer concepto de todo aval técnico o respaldo alguno, es clara la contradicción en relación al párrafo siguiente. Si la preocupación que motiva el proyecto aquí cuestionado es la seguridad domestica, deberían entonces suspender el uso de calefactores que tantas muertes por dióxido de carbono causan año tras año en especial en niños pequeños de bajos recursos, y ello si está comprobado.

Un párrafo que merece especial atención y donde empiezan a mezclarse los conceptos es el que expresa: "El fácil acceso a las armas es una condición necesaria para que ocurran determinados tipo de eventos o delitos, tal es el caso de crímenes pasionales, suicidios, o las acciones llevadas a cabo por delincuentes 'amateurs', que sin el fácil acceso a las armas y a las municiones, no llevarían a cabo un hecho delictivo o lo harían con un medio de menor letalidad. Adicionalmente, el mayor proveedor del mercado negro de armas es, justamente, el mercado lícito. La producción artesanal de armas es casi insignificante, y la mayoría de las armas utilizadas para cometer delitos han sido robadas durante un asalto, vendidas por sus dueños originales o desviadas por actos de corrupción."

Creer que el acceso a las armas por parte de los delincuentes proviene de los legítimos usuarios es una clara demostración del desconocimiento total de la realidad de las calles y en especial del mercado ilícito de armas, las cuales en su gran mayoría provienen de ilícitos realizados contra personal de las fuerzas, contra sus depósitos o muchas veces como ya quedara expuesto años atrás por una investigación de distintos medios televisivos por la actividad corrupta de funcionarios del estado. Lejos de esta situación se encuentra el legitimo usuario, ya sea tirador deportivo, cazador o simple tenedor de un arma quien es totalmente respetuoso de la normativa vigente, tanto es así que si se rastrean lesiones o muertes por legítimos usuarios, difícil será encontrar accidentes y los hechos que los tengan como protagonistas son en un amplio porcentaje casos de legítima defensa. Esa defensa que lamentablemente hoy en día el estado no brinda o lo realiza en forma deficiente.

Es claro en el contexto del mencionado proyecto que lo que se persigue es limitar y restringir el uso de armas, pero no de delincuentes o en prevención de ilícitos, sino las que utilizan los legítimos usuarios. No hay en el proyecto cuestionado fundamento alguno concreto que relacione al legitimo usuario con el accionar delictual que tanto preocupa a toda la sociedad, lo cual por otro lado es imposible de relacionar. Y es claro que esto no puede ser fundamento porque no existe. Dicha circunstancia, deja al descubierto una clara improvisación en la materia, y lo que es igualmente inadmisible una intencionalidad e intromisión de intereses externos poco transparentes en la real situación del país en materia de armas de fuego lícitas, que no permite determinar con claridad cuál es el verdadero trasfondo e interés que motoriza este proyecto y el de las ONG que lo propician.

La limitación de armas en manos de la población civil se puede analizar desde distintos puntos de vista; desde el punto de vista histórico podríamos hacer referencia a que los ejemplos de limitación de armas en manos de civiles fue la forma de estados legítimos, a la postre totalitarios, de controlar a la población. Basta para ello como ejemplo la ley Turca de 1911 (permitió la masacre de armenios entre 1915 y 1917), la legislación en la ex Unión Soviética de 1929 (permitió la política de persecución política quizás mas grande de la historia hasta 1953), y debemos recordar que el argumento de no permitir armas en manos de civiles como garantía de la seguridad del estado y de sus ciudadanos fue la fundamentación del plan de desarme modelo, llevado adelante por Adolf Hitler. La prohibición de armas en China en 1935, permitió la matanza de millones de personas que eran contrarias al régimen gobernante.

Así evitar analizar la historia puede llevarnos a repetir errores, y la pretensión de promulgar una ley cargada de errores tanto técnicos, como llena de ataques a principios constitucionales básicos, crearía una situación de indefensión de los más de medio millón de usuarios, y cientos de clubes, federaciones y comercios que hacen de la actividad del tiro deportivo y/o de la caza deportiva su medio de vida.

Armas y seguridad

¿La inseguridad se contrarresta armando a la ciudadanía civil? Clara y contundentemente NO. La inseguridad que vivimos hoy en día todo quienes habitamos la República Argentina, no es como alguna vez se dijo "una sensación"; es una realidad. Algunas organizaciones han puesto en reiteradas oportunidades que los legítimos usuarios de armas pretenden la libre tenencia y portación de armas , nada más alejado de la realidad, pero ese discurso les ha permitido hacer creer a una parte de la ciudadanía, que desarmando a los civiles iban a estar mas seguros, no teniendo esta afirmación sustentación alguna.

La realidad es que el hecho de poseer un arma, es un derecho que posee todo ciudadano, también es cierto y esta muy bien que así sea debe cumplir con los controles y requisitos que impone la ley para poder ejercer este derecho. Dichos requisitos deben estar basados en la idoneidad y capacidad física, psíquica y práctica en la materia y no debería influir el tema de mayor o menor poder adquisitivo, pero esto es material para otro articulo.

Quien posea un arma, debe estar capacitado en su manejo y el entrenamiento constante lleva al perfeccionamiento en su uso. Es claro que SOLO bajo estas circunstancias alguien que posea un arma estaría en mejores condiciones de defenderse ante un ataque en caso de ser victima de un delito. En este caso al referirme a entrenamiento constante no me refiero únicamente a la concurrencia sistemática a un polígono debidamente autorizado, y tratar de mejorar las técnicas de disparo a una determinada distancia, sino a un entrenamiento con un profesional capacitado en tiro defensivo, el cual lo entrenará en las distintas técnicas del uso de un arma en situaciones limites y de dinámica constante.

Solo en una circunstancia así alguien que posea un arma puede estar en condiciones más ventajosas de defensa frente a un ataque. El arma por si sola no es garantía de defensa.

Claro que para algunas organizaciones y algunos legisladores quizás entender esto pueda ser algo complejo, y es más sencillo repetir conceptos muchas veces mas cercanos a leyendas urbanas que a la realidad científica que expresan los manuales de balística, y análisis criminológicos y forenses.

La postura de la Corte Suprema de los EE.UU. Un ejemplo de garantía de derechos

La Suprema Corte de Justicia de los EEUU, ha sido citada innumerable cantidad de veces por todo nuestro Poder Judicial como una fuente de referencia con relación a los fallos que emanan de tan alto Tribunal, se sabe que por el sistema de apelaciones vigente en los Estado Unidos de Norteamérica, solamente llegan a la Corte Suprema casos que revisten realmente la importancia y trascendencia que un fallo de un Tribunal Superior merece, pudiendo así los integrantes dedicarle el estudio y análisis que se debe , siendo sus fallos a posteriori referencia indiscutida como jurisprudencia de consulta.

Así en relación al tema que nos ocupa llega a consideración del alto Tribunal los autos "District of Columbia Et. Al. V. Heller" recayendo decisorio sobre estos autos el 26 de junio de 2008. El hecho traído a consideración del máximo Tribunal de los EEUU, era motivado por la prohibición en el estado de Columbia (donde se encuentra Washington D.C., sede del gobierno) de poseer armas de fuego de puño por parte de particulares en sus domicilios desde 1976, utilizando como argumento las mismas consideraciones que escuchamos en estas lejanas tierras por parte de las llamadas ONG desarmistas o antiarmas. No obstante esto, el mencionado distrito, luego de la aplicación de esta restricción, tuvo el dudoso privilegio de poseer la ciudad con más asesinatos en todos los EE.UU, Washington D.C.

Lo llamativo es como los pregoneros de la prohibición de tenencia de armas seguían insistiendo en que la misma salvaba vidas. Parecería que o no saben leer estadísticas o habrán realizado algún curso en algún organismo de estadísticas del cono sur ¿no?.

La discusión jurídica se basaba en el alcance de la aplicación de la Segunda Enmienda de la Constitución de los EEUU, la cual protege la tenencia y portación de armas. Los seguidores de las políticas desarmistas, tenían la postura que esta enmienda solo era aplicable a las milicias organizadas; lo cual creaba automáticamente ciudadanos con privilegios constitucionales por un lado, y ciudadanos de segunda con derechos coartados por el otro. Vaya similitud por estas latitudes con la resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos autoriza el uso de municiones de proyectil expansivo a las Unidades Especiales de la Policía Federal y al personal de la misma fuerza que este asignado a custodias, parece que por acá algunos tendrían, por ocupar un cargo que requiera custodia, mejor derecho a defenderse que los ciudadanos que pagan los impuestos, pero será tema de otro trabajo.

Volviendo a la Corte Suprema de los EE.UU, es importante destacar que los conceptos que llevaron a tan destacado Tribunal a tomar la decisión de garantizar el derecho de los ciudadanos a tener un arma se basa en que los derechos de los ciudadanos no pueden verse restringidos ni vulnerados como consecuencia del accionar de personas al margen de la ley; llevando el mismo ejemplo a otro campo, porque un irresponsable hace carreras urbanas con un vehículo, no tiene el estado derecho a prohibir el comercio y uso de automóviles. Así quien no quiera tener un arma no tiene porque adquirirla, pero quien lo quiera hacer y cumpla los requisitos necesarios puede tenerla.

De esta manera el alto Tribunal da una clara muestra de la supremacía de los derechos personales de los ciudadanos sobre las poco claras pretensiones de organizaciones de que no pueden mantener sus argumentos con prueba documental alguna, y basan su accionar en un manejo muy preciso de los medios de información y de las victimas de los delincuentes, que nada tienen que ver con quienes practicamos el deporte del tiro, ya sea en cualquiera de sus modalidades.

Conclusión

La falta de conocimiento, y el mal manejo de la información, ya sea por alguna intencionalidad oculta, o simple ignorancia, no puede ser el basamento de los argumentos mediante los cuales se pretende socavar derechos constitucionales de todo ciudadano que habita el territorio de la República Argentina.

Es responsabilidad de quienes ejercemos el derecho, ya sean tiradores o no, legítimos usuarios o no, el hacer respetar nuestra carta magna, sabiendo las lamentables consecuencias que se han generado en el curso de la historia mundial y de nuestro país en particular, cuando utilizando cualquier razón se ha pretendido limitar los derechos constitucionales de los habitantes. Los ciudadanos deben confiar en nosotros cuando necesitan hacer valer sus derechos, la nación es el conjunto de ciudadanos, no los defraudemos.